03/08/2021

Loreto Noticias

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Voceros de Perú Libre amenazan el orden democrático

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Dentro del ideario de Perú Libre, organización política que se enrumba a la segunda vuelta con su candidato Pedro Castillo, se alzan propuestas de cambio a casi todo modelo vigente en el país: el económico, el constitucional, el de medios de comunicación e, incluso, el de política antidrogas.

En diálogo con El Comercio, especialistas en diferentes materias identifican mensajes peligrosos para la estabilidad y la democracia.

Además, advierten que los planes técnicos del partido del lápiz están trazados, en buena parte, por su ideología y no por una reflexión sobre la viabilidad o el estado de derecho.

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Sobre una nueva Constitución y la creación de una Asamblea Constituyente

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Luego de los primeros resultados de los comicios generales, la candidata por Lima, Zaira Arias, detalló en una entrevista con RPP que un eventual gobierno de Castillo llamará a una Asamblea Constituyente, lo que “va a disolver el Congreso” recientemente electo. Posteriormente, Arias recalcó que este marco se plantea tras un referéndum para que la población decida si quiere o no una nueva Carta Magna. No obstante, el mecanismo descrito -que supone una disolución- enciende las alarmas.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, recuerda que la Constitución Política actual ya contempla vías para su reforma total o parcial, pero que estas no tienen relación con una Asamblea Constituyente.

“En el Perú, tenemos dos vías: una es a través de proyectos de reforma constitucional, que se debaten y aprueban en el Congreso con una mayoría absoluta y una ratificación de la ciudadanía en referéndum; y la otra es con proyectos, igualmente originados en el Congreso, que se aprueban en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Cualquier otra alternativa no está contemplada en nuestra Constitución, enfatizó Urviola.

El exmagistrado explicó, además, que la conformación de asambleas constituyentes, no prevista en el ordenamiento, se da precisamente “para salir de una etapa de irregularidad o de quebrantamiento del orden constitucional, cuando han ocurrido golpes de Estado, por ejemplo”.

Si bien el artículo 32 de la Constitución peruana permite que su reforma total o parcial sea sometida a referéndum o consulta popular, esta disposición está integrada a la del artículo 206. En dicho artículo, se establecen -como lo resaltaba Urviola- dos escenarios: el de reforma aprobada por el Congreso y ratificada en posterior referéndum o aprobada por el Congreso en dos legislaturas continuas.

El abogado constitucionalista Rafael Sánchez coincide en la lectura y añade que, con el anuncio de una “disolución del Congreso en seis meses” como consecuencia de ese supuesto referéndum, se está sugiriendo una medida también inconstitucional.

“A la fecha, no hay ninguna norma de ningún tipo ni de ningún rango que diga que luego de una consulta popular en el que triunfe el ‘sí’ a una nueva Constitución, el Congreso se disuelva. El Congreso se disuelve, como sabemos por experiencias recientes, por una facultad que aplica un presidente cuando le han censurado o rechazado la confianza a dos gabinetes de ministros. No existe otra vía. Estaríamos hablando de un gobierno de facto, sin respaldo constitucional, sostuvo el abogado.

Sánchez indica, además, que incluso si la población aprobase una reforma total de la Constitución, como ocurrió en Chile, esto no implica acontecimientos como los anunciados por Perú Libre.

“Utilizar de ejemplo lo que ha ocurrido en Chile sería equivocado porque el proceso constituyente en ese país se ha dado, sí, por una consulta popular, pero el cambio no ha sido inmediato ni mucho menos disruptivo del orden constitucional. Lo que ha sucedido es que, a partir de la participación ciudadana en referéndum, ha comenzado un proceso de elaboración paralelo al Congreso de la República ya constituido. Se determinó una Convención Constituyente que se tiene que elegir popularmente y que va a asumir solo la tarea de la nueva Constitución. Inclusive, el Congreso tiene alguna voz en ese diseño”, expresó Rafael Sánchez.

En la misma entrevista del 12 de abril con RPP, Zaira Arias había citado el caso del país vecino para validar la propuesta.

La regulación estatal a todos los medios de comunicación

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Otra de las iniciativas del partido del lápiz es la de regular los contenidos que se exhiben en la televisión, la radio y la prensa escrita. En el capítulo VI, página 28, de su plan de gobierno, Perú Libre propone una ley para ese fin y estima necesario romper nexos internacionales como con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En su capítulo IV, página 20, explica que “apremia una ley de medios y no confundir libertad de prensa con impunidad”. Además, resalta la eliminación de “todo elemento que distorsione la política educativa y la mente de nuestras generaciones, como la famosa radio y TV ‘basura’ que se transmite en el país”.

En una entrevista con RPP, el congresista electo por Moquegua, Samuel Coayla, dijo que el partido busca regular los programas “que no llevan a nada” y colocó de ejemplo a “los programas ‘reality’, como ‘Esto es Guerra’”. También advirtió que el gobierno se encargaría de las restricciones de contenidos mediante los ministerios de Educación y de Cultura.

Sobre este punto en la apuesta de Perú Libre, la especialista en Libertad de Expresión, Betzabé Marciani Burgos, señala que el eventual gobierno estaría distorsionando su rol promotor de la cultura para asumir un papel paternalista e inconstitucional.

“El derecho a la libertad de expresión supone que la censura no cabe, aunque sí puede devenir en sanción de manera ex post, en casos de información falsa o difamación. Es cierto que no hay una libertad de expresión plena, en la que uno se sienta en señal abierta y difama a su gusto. Aunque podemos ver situaciones así, son situaciones sancionables. Pero, de ahí a querer censurar contenidos que uno pueda considerar inmorales, desagradables o de poco aporte cultural, supone un riesgo. En esa situación, el Estado incurriría en una forma de moralismo, traspasando la autonomía de los individuos que tienen el poder de decisión sobre lo que consumen o no, explicó Marciani.

Actualmente, los servicios televisivos y de radiodifusión se rigen por la Ley N° 28278, que establece la autorregulación y la libre competencia, aunque también exige estándares en la propagación de contenidos (por ejemplo, el horario de protección al menor).

[¿El gobierno regularía los contenidos que se emiten en los medios?] En algunos casos. Por ejemplo, de estos programas, de los ‘reality’. [¿Qué programas?] ‘Esto es Guerra’, por ejemplo. (…) Lo que queremos es cambiarle la mentalidad al niño (…)”.

Samuel Coayla, congresista electo por Moquegua. RPP, 20 de abril del 2021.

El también experto en temas de libertad de expresión y de prensa, Roberto Pereira, estima que la agenda de Perú Libre sobre la regulación de medios es “absolutamente inconstitucional y contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“Nosotros nos regimos por un modelo de prohibición de censura previa y de responsabilidades ulteriores muy limitadas a lo que establece el Código Penal y los códigos de ética a los que están sometidos los medios y que, para estos últimos, son mecanismos de autorregulación. Un régimen que decida qué se publica o no a través de una instancia gubernamental está prohibido por nuestro ordenamiento. Así se modificara la Constitución, esto sería contrario a la Convención Interamericana y, por tanto, el Perú incurriría en responsabilidad internacional. Salvo que se salga del Pacto de San José, pero eso sería una situación muy grave, apunta Pereira.

Ambos especialistas coinciden en que planes como estos abren la puerta a actitudes unilaterales de los gobiernos, que pueden conducir a escenarios de control sobre la información.

“Yo diría que, además de inconstitucional, es inconveniente porque el que la propalación del contenido repose sobre la decisión del Estado conduce en poco tiempo a un régimen autoritario, de censura o de control de contenidos. Si empezamos con los ‘realities’ y nos salimos de todo ordenamiento constitucional o pacto internacional que protege el derecho a la libertad de expresión o de información, nada garantiza que mañana no empecemos con el noticiero que no le guste al gobierno o el programa que no se adecúa a sus políticas. Eso termina mal y es un despropósito, cuestionó Pereira.

“Censurar determinados contenidos es tratar a la población entera como a permanentes menores de edad. Si se sostiene que la ‘televisión basura’ es lesiva para el desarrollo intelectual de las personas, para eso está el rol promotor del Estado de generar e incentivar espacios educativos alternativos. Pero actuar como un censor de lo que se ve o no se ve es un retroceso, además de una arbitrariedad. ¿Y dónde se pondría el límite? Ese es el problema. Hoy sería una política bajo el argumento de la moral, pero mañana puede ser contra la expresión o la disidencia política o la investigación periodística. Ese es el gran peligro, no solo para los derechos fundamentales que mencionamos, sino también para la democracia, agrega Betzabé Marciani.

El plano económico: una vuelta de tuerca estatista

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La organización política fundada por Vladimir Cerrón, quien es autor del programa de gobierno, propone que una nueva Constitución reformule el capítulo económico que rige en el país. Así, se pasaría de una economía social de mercado a una en la que el Estado tenga mayor participación empresarial y compita con el sector privado.

Además, sugiere la nacionalización de empresas privadas; sobre todo en “sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros”. El modelo, en suma, se pasaría a llamar “economía popular con mercados”, como refiere el partido en el capítulo III de su plan.

Consultado por El Comercio, el economista y gerente del IPE, Diego Macera, explicó que “empujar a un Estado a la actividad empresarial activa en la economía nos lleva a escenarios de fracaso aprendido como en el Perú de las décadas de 1970 y 1980”.

“Lo que pasó en esa época era que el Estado tenía empresas que perdían plata y que se tenían que financiar a cargo del fisco, de los contribuyentes. Los servicios y bienes, además, eran malos. Esta idea del ‘Estado empresario’ es una idea que debimos haber descartado hace mucho tiempo. Desde el punto de vista económico, es una pésima idea”, estimó Macera.

En una entrevista con el canal Universal TV, de Arequipa, el congresista electo por esa región, Jaime Quito, explicó el 9 de marzo último que la política de nacionalización con Perú Libre parte de un reclamo a la soberanía de los recursos naturales del país. Según dijo, lo que se plantea es “recuperar y tomar las empresas estratégicas para salir de la situación de pobreza en la que nos encontramos”.

La nacionalización de industrias no es una receta para subir el presupuesto del Estado con miras al cierre de brechas. Cuando el Perú se fue por la estatización, el Estado terminó quebrado. Lo que sí viabiliza un cierre de brechas es el mejoramiento de la gestión pública. La capacidad de gestión y de inversión del presupuesto que se tiene y que puede aumentar, es la que no está a la altura de las circunstancias. Otra vía que permite el crecimiento es la inversión privada”, precisó el economista.

¿Una política antidrogas sin injerencia internacional?

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En una entrevista con Canal N, el congresista electo por Lima, Guillermo Bermejo, señaló que, una vez en el gobierno, el partido expulsaría a la Agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, y toda participación de ese país en la política nacional contra el narcotráfico. Según señaló, en el Perú no se ha logrado avanzar en la lucha antidrogas porque la ruta tiene diseño extranjero.

El ex presidente ejecutivo de Devida y experto en crimen organizado y política contra las drogas, Rubén Vargas, explicó que la necesidad de la cooperación internacional para el combate al narcotráfico en el Perú tiene una razón de peso: la producción de la cocaína está pensada por los traficantes para el negocio al exterior.

“En el Perú se produce un promedio de 550 toneladas métricas de cocaína anuales. Y no son para consumo interno, sino porque hay una gran demanda externa de los mercados internacionales. Entonces, ¿qué sentido tiene que nuestro principal socio y aliado en la lucha contra las drogas sea Estados Unidos? Tiene mucho sentido. Lo racional es que necesitamos trabajar con aquellos países que están fallando en sus políticas de prevención de consumo de drogas, como lo son Estados Unidos y países de Europa. ¿Por qué? Porque esa falla en sus políticas de prevención es la que ocasiona que otros países, como el Perú, produzcan cocaína”, aseveró Vargas.

[¿Expulsarían a la DEA, la cooperación internacional?] Por supuesto. La DEA es el principal cartel de droga en el mundo”.

Guillermo Bermejo, congresista electo por Lima. Canal N, 19 de abril del 2021.

Durante su intervención en Canal N, Bermejo tildó a la DEA como “el principal cartel de la droga en el mundo”. Al respecto, Rubén Vargas señala que ese discurso “de manera inconsciente, favorece, más bien, a que el narcotráfico siga creciendo”.

“Insisto: la naturaleza del narcotráfico en el Perú no se da por un consumo interno, que es muy bajo a nivel regional. Se da porque los mercados internacionales motivan la producción. En ese sentido, la DEA es un importantísimo aliado de la Policía Nacional en la lucha contra las drogas. Es cierto que los resultados son escasos (solo el 8% de las toneladas señaladas se incauta al año) y se pueden mejorar, pero son resultados que parten de un apoyo absolutamente fundamental. Me atrevo a decir que esos logros son gracias a la cooperación de la DEA, expresó Vargas.

El también exministro del Interior agregó que guarda la esperanza en que los congresistas electos de Perú Libre “se sacudan de lecturas ideológicas” y las contrasten con “un conocimiento completo e integral del problema”.

Otras intervenciones

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En una videoconferencia en homenaje a Ernesto ‘Che’ Guevara, del 8 de octubre del 2020, el fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se refirió a la política en Ecuador para concluir que la derecha ha motivado a la izquierda a “quedarse en el poder”.

Entre los congresistas electos del partido del lápiz también resalta Guido Bellido, quien representará al distrito electoral del Cusco. En una entrevista con el programa Inka Visión Noticias, Bellido fue consultado sobre un saludo que publicó en homenaje a Edith Lagos Sá, quien fuera miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Bellido continuó en respaldo de Lagos durante la tensa entrevista. Fuera del aire, también tuvo una conversación al respecto con la conductora del programa.

“¿Qué tienes contra los senderistas? (…) El país estaba en un desastre y realmente hay gente, peruanos, que equivocadamente han tomado un camino. ¿No son peruanos? Son peruanos. Por eso tienen su derecho”

Guido Bellido, congresista electo por Cusco. Inka Visión Noticias, 18 de abril del 2021.

(Con información de El Comercio)